De acuerdo con el Diagnóstico del Sector Privado de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el crecimiento económico del Perú en las últimas décadas ha estado impulsado por un manejo macroeconómico sólido y la atracción de inversión privada, alcanzando en 2019 una Inversión Extranjera Directa de US$ 6,800 millones (2.8% del PBI). No obstante, la inestabilidad institucional y las brechas en gobernanza regional restringen la expansión de negocios y dificultan la ejecución eficiente de proyectos clave.
“La escasa capacidad de los gobiernos locales limita la atracción y promoción de inversiones”, sostiene el IFC. Ello afecta a sectores estratégicos como la agricultura, el turismo y la acuicultura. Además, las deficiencias en el mercado de tierras y las regulaciones laborales “amplían las diferencias en la calidad del trabajo entre los sectores formal e informal”. Superar estas barreras es fundamental para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida.
En esa línea, Santiago Rojas, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Perú, destacó la importancia de la cooperación público-privada para impulsar el desarrollo: “Debemos seguir trabajando muy de la mano con el Gobierno para impulsar las inversiones porque impactan en los ciudadanos peruanos y mejoran la vida de los peruanos”.
